Las cuotas alimentarias fijadas por ley para hijos e hijas de progenitores separados no pueden actualizarse ni indexarse salvo mediante eternas demandas judiciales. Es que la Ley de Convertibilidad todavía las ampara y son muchos los que se aprovechan para seguir pasando monedas sin que se haga visible esta violencia económica. Un proyecto de ley para modificar esto espera su turno para sesiones extraordinarias, igual que la paridad. Por Luciana Peker
No es que volvieron los noventa, el reinado de Domingo Cavallo en economía y el uno a uno. Es que, para las jefas de hogar, nunca se fueron. Crease o no la vieja y denostada Ley de Convertibilidad (23.928), que impide la indexación por variación de precios o costos, sigue vigente para las cuotas alimentarias que los padres -generalmente- tienen que pagar para el sustento de los hijos e hijas. La ley marca que no se pueden aggiornar las cuotas y, apenas, deja lugar al sendero judicial (tan esquivo a la equidad de género) para reactualizar los gastos infinitos en la crianza de chicas y chicos. Recién ahora y, todavía de manera no definitiva, avanza un proyecto para quitarle el candado de la norma menemista a las cuotas alimentarias y fijar un modo de actualización acorde a la inflación.
El 23 de noviembre pasado la Cámara de Diputados dio media sanción (por 220 votos positivos) a un proyecto para actualizar las cuotas alimentarias que, por supuesto, se ven disminuidas por la inflación. La iniciativa de Margarita Stolbizer (GEN) elimina la prohibición que rige imperturbable desde las leyes de convertibilidad y de emergencia económica de los noventa y que es esquivada (solo en algunos casos) con pautas judiciales, caso por caso, para que el progenitor pague –por ejemplo– la prepaga o la escuela privada o con cuotas escalonadas, pero no sin antes establecer una demanda, recopilar la prueba (con miles de tickets y facturas de todos los gastos que, muchas veces, no se pueden comprobar o no dan recibo impositivo o, de todos modos, constituyen un trabajo no remunerado extra para las mujeres y que, además, implica tener paciencia y resto económico para esperar la sentencia. Sin embargo, los parches no son justos y no alcanzan. “Con la prohibición actual los jueces no pueden actualizar las cuotas. Entonces, las mujeres con hijos o hijas a cargo, tienen que iniciar reclamos judiciales lo que genera, además de demoras, tensiones y conflictos familiares y una litigiosidad que llena los tribunales de pleitos que podrían y deberían evitarse”, señaló Stolbizer.
La paritaria con el que tiene que llevar al hospital al hijo enfermo cuando le toca a él o quedarse con los chicos si la mujer tiene un viaje de trabajo o participar del cumpleaños en el pelotero es la negociación más costosa, desamparada y extorsiva. No puede depender de buenas intenciones, ni de un Poder Judicial que actúe con una perspectiva de género y agilidad de la que suele no dar muestras. Por eso, el proyecto parece más que una necesidad, una obviedad. Pero todavía resta que el Senado sancione definitivamente la norma. “Está incluido en extraordinarias. Es imposible que se sigan haciendo concesiones a los grupos económicos y no se atienda esta demanda tan importante para paliar un conflicto que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana. Lo que está en juego son los derechos humanos y en particular el derecho alimentario de niños y niñas que terminan pagando por la separación de sus padres y por una legislación que no los protege frente a la inflación”, reclamó Stolbizer.
En el 40, 1 por ciento de los hogares las mujeres son jefas de hogar, según el INDEC. En la mayoría de los casos las mujeres asumen el lugar de jefas cuando no hay un varón en la casa –aunque podrían ser las que ganen más que sus parejas– y, por eso, la cifra refleja que cuatro de cada diez mujeres está a cargo de sostener la luz, el gas, el agua y el pan (la carne, el choclo, las frutillas, la chocolatada y las viandas endemoniadas de cada jornada escolar), generalmente, separadas, viudas, solas o abandonadas. En la gran mayoría de los casos los progenitores no se hacen cargo de la mitad de los costos de sus hijos e hijas por diversas razones: se borran; no tienen empleo (y ni la justicia ni los marcos sociales los incita a tenerlos para cumplir con su rol paterno) ; consiguen o prefieren empleo informal con el que no se los puede perseguir judicialmente; fugan dinero que no quieren blanquear no al gobierno sino a sus ex esposas; se declaran drogadictos, alcohólicos, depresivos o victimas forzados a una paternidad de la que no se hacen cargo; la guerra judicial o cotidiana tiene un costo tan alto que las mujeres abandonan la demanda; regatean hasta el antitérmico, alegan que si pagan natación y el profesor particular de química ya están haciendo su mayor esfuerzo; se excusan que hoy no tienen pero mañana sí (los chicos generalmente no se acuestan con el cartel de “hoy no tengo” y las madres, como sea, resuelven, trabajan más, disfrutan menos de su propio dinero, redoblan el trabajo, piden prestado o se arremangan para estirar el mango); dicen que ya aumentaron la cuota el año pasado y que pagaron el campamento del menor hace seis mesies; alegan que los ven mitad y mitad del tiempo en nombre de una tenencia compartida que no equivale a una billetera igualitaria sino a una contabilidad de días que después no descuenta gastos maternos.
Y así y mucho más. Pero los medios te cuentan de la abogada de los famosos que desvalija a los ricos y futbolistas obligados a pagar fortunas y las separadas se encarnan como una Wanda con troupe de valijas con V de venganza. Del imaginario vampiresco la realidad no tiene casi nunca, casi nada. Por el contrario, muchas mujeres postergan su carrera por la maternidad, trabajan menos o dejan de trabajar para cuidar a sus hijos e hijas y sufren discriminación por ser mujeres y, mucho más, por ser madres. En promedio, ganan un 28 por ciento menos que los varones. Pero si se separan, abrakadabra, deben mantener solas una casa con estilo -y cuenta- tamaño familiar y dar plata para cada disfraz, feria del plato, regalo de cumpleaños y estirón en pos de un nuevo par de zapatillas o recambio de cepillo de dientes.
La abogada feminista y especialista en violencia contra las mujeres Claudia Perugino, integrante del Frente de Mujeres Nacional y Popular resalta: “Una de las expresiones más crueles de la violencia económica es la imposibilidad de hacer efectivo el cobro de la cuota alimentaria por parte de las mujeres luego de un divorcio o una separación. La falta en nuestro país de un mecanismo ágil, que prevea el cumplimiento de esta obligación por parte de los progenitores varones transforma el acceso a este derecho en un calvario para las madres quienes son sometidas, en muchos casos, a extorsiones, amenazas, aprietes, cuando lo único que buscan es el efectivo acceso a los derechos de las niñas y los niños, que son los beneficiarios de este derecho. La violencia patrimonial o económica (incluida en la Ley 24.685) profundiza desigualdades estructurales del patriarcado, ya que subsume en la pobreza a miles de mujeres que deben hacer grandes esfuerzos para criar a sus hijos teniendo que multiplicar su tiempo de trabajo para compensar la falta del cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de los padres quienes muchas veces, optan por trabajos no registrados para no pagar la cuota que le corresponde a sus propios hijos e hijas”.